De junio de 2021 a enero de 2024 han sido desplazadas más de 10 mil personas en la región.
Según lo dio a conocer Radio Fórmula, en Chiapas, gobernada actualmente por Morena, vive desde hace meses, una escalada de violencia que ha ocasionado una migración masiva de diversas comunidades y desplazados alrededor del río Usumacinta y alredededores.
Entre los municipios que están cobrando relevancia por la ola de enfrentamientos, leva y secuestros por parte de la delincuencia organizada, están los municipios de Chicomuselo, Mazapa de Madero, Frontera Comalapa, donde las iglesias evangélicas han suspendido sus cultos temporalmente debido a inseguridad.
El cierre de por lo menos 100 templos evangélicos en la región Sierra Mariscal, así lo destacó Gamaliel Fierro Martínez, presidente de la Iglesia evangélica en Tapachula.
Sedena y Guardia Nacional, ausentes
Además, habitantes de Motozintla y Frontera Comalapa denunciaron una constante presencia de hombres armados en las calles, que contrasta con la ausencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y cuerpos de seguridad.
No solo han cerrado templos evangélicos, también comercios y escuelas, “generando un clima que se asemeja a la época de la pandemia”, según relata Erika, residente de Frontera Comalapa.
Refieren que en Motozintla, el 14 de febrero, una festividad en el parque central fue interrumpida por hombres armados, y ninguna autoridad se presentó.
La Iglesia católica también vive una disminución de la presencia de devotos en misas y eventos patronales, ante el temor de la población a salir.
Según el despacho de Radio Fórmula (https://www.radioformula.com.mx/nacional/2024/2/18/narco-pega-iglesias-cierran-mas-de-100-templos-evangelicos-en-chiapas-802614.html), “la inseguridad permea la vida cotidiana, afectando no solo las prácticas religiosas, sino también la actividad comercial y educativa en la región”.
El dato
Según lo dio a conocer el diario El País, en Chiapas, más de 10,000 personas han sido desplazadas a la fuerza de sus hogares desde junio de 2021 a enero de 2024, según un informe publicado por distintas organizaciones de la sociedad civil con presencia en la región.
