Considerada como la primera legislación para la IA a nivel mundial, la normativa se impuso, tras dos días de largas negociaciones.
Con el objetivo de garantizar que los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) implementados y utilizados en la Unión Europea para que sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores europeos, se llegó a un acuerdo preliminar para emitir la IA Act.
Considerada como la primera legislación para la IA a nivel mundial, la normativa se impuso, tras dos días de largas negociaciones e intensos debates -con dos sesiones de 22 y 14 horas- se llegó al convenio multinacional.
Sin embargo, no se espera que esté completamente en funcionamiento, sino hasta finales de 2026.
Normativa pionera
“La ley de IA de la UE es pionera en el mundo. Un marco legal único para el desarrollo de la misma en el que se puede confiar”, destacó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen a través de sus redes sociales.
Dentro de las claves de la IA Act es que la clasifica en función del riesgo que representa y hace referencia a cuatro niveles.
La primera, es la de ‘riesgo mínimo’, donde entrarían los sistemas de recomendación, que se “beneficiarán de un pase libre y la ausencia de obligaciones”, según el comunicado.
Alto riesgo
Las de ‘alto riesgo’ son las relacionadas con infraestructuras críticas, como instalaciones de agua, gas y electricidad o dispositivos médicos.
Aquí hay dos niveles, el de ‘transparencia específica’, que establece el uso de los chatbots, donde los usuarios deben ser conscientes de que están interactuando con una máquina; y el ‘riesgo inaceptable’, donde se incluirían las IAs que “manipulan el comportamiento humano para eludir el libre albedrío de los usuarios”, en los que la Comisión Europea habla directamente de prohibición.
El reglamento prohíbe las aplicaciones que representan una amenaza a los derechos de los ciudadanos y la democracia, como ciertos sistemas de reconocimiento biométrico y de categorización biométrica que se apoyan en “características sensibles”, como la raza, la orientación sexual o el credo.
No a la vigilancia
Se prohíbe “la extracción no dirigida” de imágenes de rostros de Internet o de cámaras de vigilancia (CCTV) para elaborar bases de datos de reconocimiento, tal como se hace en China para controlar los movimientos, compras y rutas de los ciudadanos.
Debido a esto, la norma prohíbe las cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos, salvo que haya una autorización judicial (para el reconocimiento de algún ilícito o posible delincuente).
También contempla restricciones a las IA generativas, como ChatGPT o Bard.
Sobre las sanciones, se precisa que la transgresión a la legislación se penalizará con multas desde 7.5 millones de euros o el 1.5% del volumen de negocio a 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio.
Con información de Antena 3