Pese a que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dijo que no aumentará el predial, la polémica por el llamado ‘predialazo’ en la Zona Metropolitana del Valle de México sigue creciendo entre la población.
En redes sociales, incluso, para los mismos morenistas abrió un frente de molestia.
“La beca que me da Obrador se la va a chupar el pago del predial”, afirma una simpatizante de Morena en Tlalpan.
La propuesta, de tufo socialista, abrió una discusión en redes sociales y en varios bloqueos de vecinos ante el aumento desorbitante al valor de las propiedades, la actualización de los registros catastrales (que implican sí o sí un alza desproporcionada de entre 100 y 500% del valor a pagar del predial) y un futuro incierto sobre quién tendrá injerencia en el manejo del territorio.
Defensa irracional
El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México solamente ha sido defendido por pseudoperiodistas, propagandistas, autoridades federales y capitalinas.
No obstante, la pregunta central es ¿Cómo construir una ciudad en la que el acceso a la vivienda no implique dádivas a grupos afines a Morena ni sacrificar la economía de los habitantes?
Para la especialista Daniela Sánchez Carro de la Universidad Ibero, esta discusión no debe limitarse solo a diferencias políticas ni al alza de impuestos, que durante años, no se han reflejado en políticas de mejoramiento urbano, sobre todo, durante los gobiernos de izquierda.
“Lo fundamental es analizar qué modelo de ciudad se busca construir y si las decisiones de ordenamiento territorial responden a las necesidades de quienes la habitan“.
Morena lleva más de 8 años gobernando la CDMX, pero los pendientes en movilidad, la contaminación, el nulo avance en el abastecimiento de agua, la falta de un transporte bien planificado y los servicios públicos deficientes son el día a día de los capitalinos.
Morena no pone ejemplo
Es del dominio público que cada día se suman decenas a los miles de cráteres que tienen las vías primarias, el Periférico, el Circuito Interior, las avenidas principales, las calles primarias y secundarias.
“Brugada solo asfaltó como 20 cuadras del Eje 6, pero de ahí, nada más”, dice un habitante de la Benito Juárez a este reportero.
Por su parte, para la también Coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín” de la Universidad Iberoamericana (IBERO), destacó que se deben respetar las zonas de valor ecológico o de recarga de agua, para atender la escasez de las comunidades.
Pero es sabido que el diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón, no puso el ejemplo, ya que construyó su casa en zona de reserva ecológica, aunque lo negó, tal como lo informó en su momento La Jornada. (https://www.jornada.com.mx/2016/10/04/capital/028n1cap)
No a la especulación
La especialista de la Ibero planteó que son insuficientes ciertos criterios de planeación, ya que existe una distancia entre los objetivos y lo que efectivamente ocurre cuando se aplican los programas.
Pidió vigilar que las decisiones no favorezcan la especulación inmobiliaria ni la construcción indiscriminada de comercios y plazas comerciales, sino que mejoren las condiciones de vida de la población.
Predial: cobrar con justicia, sin profundizar desigualdades
Sobre el alza a los valores catastrales, consideró que la recaudación únicamente será legítima si permite que cada propietario contribuya de acuerdo con las características de su inmueble, su construcción, su ubicación y la economía de cada propietario.
“Los problemas surgirían si una modificación afecta de manera desproporcionada a familias que ya pagaban un impuesto acorde a sus posibilidades y las características de su vivienda”.
Se debe distinguir entre los inmuebles y las posibilidades económicas de sus propietarios, recalcó.
Cabe señalar que el alza propuesta afectaría a millones de casas indiscriminadamente. Incluso, a la propia base morenista.
“La actualización de los valores no debería traducirse automáticamente en una carga injusta para los de menos recursos”.
Para la Coordinadora de la Clínica de Vivienda de la IBERO, el nuevo ordenamiento debe establecer criterios claros para determinar quiénes deben pagar más y en qué circunstancias corresponde aplicar un trato diferenciado.
La preocupación ciudadana es que mayor recaudación no se traduce necesariamente en mejores servicios.
Especulación y terrenos baldíos
Sobre el destino de los terrenos e inmuebles que están sin uso en la CDMX, donde existe una fuerte demanda de vivienda, Sánchez Carro consideró que se deben explicar claramente las razones de las ventas forzadas y el propósito al que se destinarían.
Aunque es sabido que el gobierno no transparenta gastos ni los hace accesibles a la población en general.
“Si hay un aprovechamiento de predios, sostuvo, debe justificarse jurídicamente con información transparente”.
Si hay un uso social para construir vivienda, deben explicar abiertamente el proceso y cuáles son los beneficios.
“La falta de información, en cambio, genera incertidumbre y desconfianza”.
Apuntó que construir más inmuebles puede ampliar la oferta, pero también exige la dotación de servicios de agua, transporte e infraestructura.
Desarrollos anulan a barrios
Advirtió que ciertos desarrollos inmobiliarios modifican la identidad de los barrios, ya que afecta a comunidades y elevan la plusvalía de una zona, hasta volverla inaccesible para los pobladores originarios.
“El desafío consiste en ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda sin reproducir las desigualdades ni deteriorar el entorno. No se trata únicamente de construir más, sino de decidir dónde hacerlo, con qué infraestructura y bajo qué condiciones”, argumentó.
Participación ciudadana
Sánchez Carro mencionó que el futuro de la ciudad no puede definirse sin información accesible y participación ciudadana real.
En alusión al documento, dijo que “Los programas de ordenamiento suelen incluir conceptos técnicos difíciles de comprender, incluso, para quienes trabajan en estos temas, por lo que las autoridades deben hacer un esfuerzo para explicar sus alcances y abrir espacios de diálogo”.
Pidió considerar las necesidades de todos los sectores y evitar que los intereses inmobiliarios, empresariales o políticos se apliquen sobre el bienestar colectivo.
“El reto no es solamente recaudar, construir o recuperar suelo, sino hacerlo con justicia, transparencia y una visión que coloque en el centro a quienes habitan la ciudad”, concluyó.
El dato relevante
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) pagó 26 millones 854 mil pesos para la elaboración del Proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) que consta de 203 páginas. Es decir, cada página del estudio costó 132 mil pesos.
Con información de La Jornada, Reforma, redes sociales y la Ibero:
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