Los vecinos despojados en Zapata 68, de Isabel la Católica 254, Da Vinci 129, y la calle 2 de abril han quedado sin derecho a la vivienda.
Según datos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cantidad de solicitudes para uso de corporaciones policiacas para hacer desalojos, supera 4 a 1 a la cifra de expulsiones de vivienda realmente efectuadas.
Mientras que en 2022 hubo casi 4,000 requerimientos de desalojo, la fuerza pública sólo acudió a 1,000 expulsiones de vivienda, mientras que en 2021, las solicitudes fueron 2,900 (https://www.milenio.com/politica/comunidad/desalojos-vivienda-alcanza-record-historico-pandemia)
Cuando llegó Morena al poder, la mayoría pensaba que por ser un gobierno de izquierda, habría la esperanza de un cambio verdadero al rumbo político y administrativo en México. Pero fue todo lo contrario, ya que diversos funcionarios de la Fiscalía de Justicia de la CDMX, han hallado en el sector una mina de oro ilegal.
Lo anterior, forma parte del trabajo de investigación que duró 7 años y que realizó la periodista Eliana Gilet, el cual se dio a conocer recientemente a través del reportaje de largo aliento intitulado “La fiscalía del despojo” que han replicado diversos medios nacionales, como Aristegui Noticias, Proceso y Zona Docs, entre otros.
“Empezamos la talacha periodística en 2016, junto con el fotorreportero y compañero Ernesto Álvarez de manera casual. Mientras caminábamos por en el Centro Histórico, vimos que había caos, porque en un pequeño espacio, de pronto amaneció lleno de muebles debido a un desalojo de 42 departamentos en Argentina 96”, afirma la periodista Eliana Gilet, en plática con DobleFilo MX.
Olfato periodístico
Y agrega: “como el reportero desarrolla su olfato periodístico, preguntamos a los comerciantes y contactamos con los afectados. Cuando llegamos, había más de 200 personas en el patio de una vecindad y entendimos que era un tema muy grande, que sin embargo, estaba olvidado por el gran sistema de medios, pero como dicen en Uruguay, ‘la pelota busca al jugador’ y empezamos el trabajo”.
La periodista y miembro del colectivo periodístico Brecha, fundado por Eduardo Galeano, agrega que cuando se enteraban que habría un desalojo, iban temprano y con suerte, tomaron nota de varios casos, “como el que aparece en al final del video, que fue un desalojo realizado en la madrugada a un edificio entero en la calle Bucareli, cerca de la Secretaría de Gobernación”.
“Empezamos a comprender y hacer un grave descubrimiento: que en la capital hay una nueva autoridad definiendo largos conflictos de vivienda, a lo cual bautizamos como ‘la fiscalía del despojo’”.
Despojo a población vulnerable
Cuestionada sobre las comunidades indígenas que habitan estos inmuebles, dijo:
La periodista dijo que a partir del análisis de la situación que existe en la Ciudad de México, vieron que la norma es la irregularidad en la CDMX, la sobre todo después del terremoto de 1985. Aunque hay personas que afirman ‘¿por qué estas personas no pagan renta, córranlas?’, también existe el hecho donde no hay un dueño sin aparecer durante 20 años sin que se hagan cargo de lo que conlleva tener una propiedad, como el mantenimiento o cobro de rentas.
Aunado a ello, la Autoridad del Centro Histórico señala que 40% de los inmuebles en esta zona de la ciudad, tendrían problemas registrales, pero la posesión de un inmuebles, sí da derechos y está regulado en la en la Constitución de la Ciudad de México.
“Ahíse indica que una persona no puede ser desalojada sin aviso previo. Esto no ocurrió en ninguno de los 100 casos de los desalojos extrajudiciales que realizó la Fiscalía, porque no fueron definidos por ningún juez, sino por los ministerios públicos que llevaban el caso. Tanto en los desalojos judiciales como los extrajudiciales, ninguna persona tuvo aviso previo”, señaló.
Shock y abuso documentado
Gilet destaca que estas personas despojadas no solo entraron en shock la violencia que significa ser despertado a las tres de la mañana y que los desalojen violentamente. ‘¿Dónde está el actuario?, ‘el actuario no va a venir, eh, sálgase’ y fue cuando este nivel de arbitrariedad los hizo entender que estaban frente a un fenómeno importante.
Agregó que el trabajo inició en 2016, con el entonces procurador de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, quien emite un acuerdo donde hace un cambio interno a la legislación de desahucios inmobiliarios, ya qye todas las denuncias por despojo pasaron de las alcaldías, a concentrarse en una sola oficina de justicia, donde nace este mecanismo de despojo.
“Y estos agentes del ministerio público —que pasaron a tener la capacidad de investigación de delitos, empezaron a ‘asegurar’ edificios que estaban en pleito o denunciados— como una de las primeras ‘medidas de su investigación’, incluso, sin haber probado la existencia del delito denunciado”.
“Tenemos un documento que está firmado por la fiscal Guadalupe Pinzón, quien señala que en Cuauhtémoc 166 en la Colonia Roma, frente al jardín Pushkin, hicieron un desalojo extrajudicial y la toma violenta del espacio por la decisión de un Ministerio Público sin tener ninguna prueba de que el delito hubiera ocurrido”.
Contratos de antigüedad
La periodista afirmó que ellos documentaron que algunos habitantes, incluso, tenían sus contratos de arrendamiento desde 1975, y diversos trámites ante el Instituto de la Vivienda (INVI) desde 1999, “pero la fiscalía barrió toda esa evidencia y se metió por la fuerza, sacó a quién estaba y despojó del predio. Al no tener ningún control externo de otro poder, la fiscalía hace lo que quiere”.
Entre los afectados de estos despojos están tianguistas, personas que trabajan en la calle, familias matriarcales de muchas generaciones, y sobre todo, mujeres. “En los casos que hemos reporteado no aparece ninguna autoridad que haya respondido por ellos. Ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos de la capital”, señala.
La periodista recordó que el INVI tomó cierto auge político cuando López Obrador fue jefe de Gobierno en la capital, y las organizaciones de vivienda (ahora denostadas) eran la forma de acceder a la vivienda.
“Pienso en los vecinos de Zapata 68, de Isabel la Católica 254, de Da Vinci 129, de la calle 2 de abril 23. Hay un montón de casos donde la gente está organizada y esperando a que la autoridad reconozca que son inocentes y se detenga esta criminalización al calificarlas como mafias despojadoras; lo que sí hay es un conflicto de tiempo por quién se queda con esos espacios”.
Tema civil, no penal
“Se trata de un tema civil y comunitario-social. No es de política criminal. Se necesita un espacio de diálogo con la Procuraduría Social o el INVI. Pero ésta dependencia no está dando respuestas ni resultados a la gran necesidad de vivienda en la población originaria que hay en la Ciudad de México, a diferencia de los grandes capitales. Es como un David contra un Goliat. Si el Estado o gobierno no equilibra esas diferencias, las arbitrariedades van a seguir sucediendo”.
Cuestionada sobre alguna cifra negra de los desalojos, dijo que la cifra de los despojos inmobiliarios era marginal en 2015, las denuncias no llegaban ni a 500 por año. “Pero cuando se crea este mecanismo, las denuncias se disparan y no han bajado de 3,000 por año. Las denuncias aumentaron en realidad porque son contra los antiguos beneficiarios de la política social que fueron imputados”.
Respecto a la actuación de la fiscalía, la periodista destacó que solo 3% de esas 3,000 denuncias por año se han logrado con un aseguramiento violento del espacio por decisión de los ministerios públicos.
“Pero estos aseguramientos tienen la particularidad que la gente deja todas sus pertenencias dentro con sus papeles, cobijas y camas, Incluso, no tienen la posibilidad de sacar los documentos que les permitan probar la estancia pacífica anterior a la fecha del del despojo”.
El denunciante, ganón
“Lo interesante es que de los 300 edificios que fueron asegurados entre 2019 y 2021, 61% fue entregado al que lo denunció, sin orden de algún juez. Es una fiscalía con mucho poder. Ahora, lo que está el juego es la posesión del suelo de la Ciudad de México, que cada vez aumenta el valor y la especulación sobre él y quitar a la gente del medio, toma otra dimensión”.
Eliana Gilet reflexiona el papel de los medios y reporteros en todo el asunto. “Es difícil que los medios de comunicación volteen a un desalojo. Nosotros nos reíamos, porque los primeros reportes que se veían de los grandes medios eran cuando estaba el compañero reportero a una cuadra dando un reporte vial y diciendo ‘evite la zona’ . Era tan gráfico que el reportero estuviera dando la espalda a la gente que se había quedado sin nada. Pero teníamos que tomar el papel de la prensa independiente: mirar donde no se mira”.
Acompañamiento de grandes medios
La periodista dijo que el trabajo obtuvo un acompañamiento de QuintoElemento Lab, de la revista Proceso, Aristegui Noticias, Pop Lab de Puebla, el Semanario Zeta de Tijuana, Lado B de Puebla y Zona Docs de Jalisco.
La investigadora explicó que que este tipo de trabajo ayuda a entender el fenómeno de la gentrificación y el recambio poblacional en México.
Además, vemos “cuánto pesa la violencia institucional en esos procesos ¿Qué van a hacer las entidades para impedir que los capitales inmobiliarios arrasen con la vida de ciertos lugares? Cuando se expulsa a la gente, se expulsa lo que da sentido a un lugar. Es un problema de defensa de nuestras formas de vivir. En algún momento, todos nos tendríamos que defender colectivamente”.
Legislación a modo
“Encontramos además un documento de política criminal de 2023, donde se señala que hay intención de la Fiscalía para cambiar la legislación dentro del Congreso de la Ciudad de México, para modificar el delito de despojo y que la fiscalía pueda acusar de delito al momento del aseguramiento o la toma violenta de un inmueble o desalojo extrajudicial, y que se considere la flagrancia al momento y se pueda detener a quien se encuentre dentro del inmueble. Haya cometido o no el despojo”.
Denunció que con lo anterior, en vez de mejorar la capacidad de investigación y de prueba que la fiscalía debería tener se rebajarían las garantías individuales y se metería a la cárcel a quien esté dentro del predio. “Mucha gente va abandonar estos pleitos frente a la posibilidad de ir a la cárcel, porque ¿quién se la juega?”.
Y finaliza: “Lo peor que puede pasar es que el tema vuelva a estar dentro del silencio”.
Para ver la entrevista completa:
Para ver el reportaje
Publicada en marzo de 2023.