La Ley Fintech de México, alguna vez un faro de innovación en América Latina, hoy corre el riesgo de convertirse en un ancla que frena al ecosistema que buscaba impulsar.
Serie Fintech Law 2.0 Por Javier Pérez Moreno / Banking & Finance Partner | Fintech & Crypto Specialist | Compliance Expert
En el vertiginoso mundo de la tecnología financiera, siete años son una eternidad. La Ley Fintech de México, alguna vez un faro de innovación en América Latina, hoy corre el riesgo de convertirse en un ancla que frena al ecosistema que buscaba impulsar. Las señales de desfase no son sutiles, vienen directamente del mercado y de las cifras oficiales.
1. De ley pionera a marco desfasado
En 2018, México se colocó a la vanguardia regional al promulgar la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Fue la primera en América Latina en establecer reglas para Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y de Financiamiento Colectivo (IFC), así como un incipiente sanbox y esquema de open banking.
En su momento, la Ley Fintech representó un parteaguas:
- Dio legitimidad a modelos innovadores como las billeteras digitales y las plataformas de crowdfunding.
- Proyectó a México como referente regional.
- Sentó bases para la coordinación CNBV–Banxico–SHCP.
La ley fue una fotografía nítida de ese momento. Pero siete años después, el ecosistema ya no posa para esa misma foto. La velocidad de la innovación ha superado por mucho la velocidad de la regulación, y el marco que antes daba certeza, hoy genera cuellos de botella.
2. Datos que no se pueden ignorar
El Fintech Radar México 2025 y cifras de la CNBV muestran un ecosistema más grande y sofisticado:
- 1,104 fintechs activas, 803 mexicanas y 301 extranjeras operando en el país.
- 68 % ya integra inteligencia artificial en algún proceso (scoring, prevención de fraude, personalización de servicios).
- El volumen de pagos digitales crece a doble dígito anual y el segmento de remesas digitales creció más del 35 % en el último año.
A pesar de este crecimiento explosivo, las autorizaciones Fintech cayeron drásticamente: de 30 en 2023 a apenas 9 en lo que va de 2025. Esta es la gran paradoja: mientras el mercado hierve de actividad, la vía formal para participar en él se enfría. ¿La razón? El costo y la lentitud. Fuentes del sector estiman que obtener una licencia de IFPE puede tomar hasta 24 meses y costar millones de pesos, un lujo que pocas startups pueden permitirse para un modelo de negocio que quizás ya cambió para cuando reciben la autorización.
3. La causa detrás de la caída en autorizaciones
No es apatía empresarial. La caída obedece a que la autorización como IFPE o IFC ya no cubre las necesidades de muchos modelos de negocio.
Ejemplos de modelos que quedan fuera del marco actual:
- Embedded finance: Pensemos en una plataforma de e-commerce o una app de movilidad. Su negocio principal no es ser un banco, sino vender productos o transportar personas. Los servicios financieros son un complemento para mejorar la experiencia del usuario (paga después, un microcrédito al instante, wallets). Forzar a esta empresa a obtener una licencia de IFPE, con toda su carga regulatoria, es como pedirle a una aerolínea que fabrique sus propios aviones. Es ineficiente y desenfoca su modelo de negocio.
- Banking-as-a-Service (BaaS): Estas empresas no atienden al público final. Son los ‘fabricantes de infraestructura’ que permiten que otras cien empresas puedan ofrecer servicios financieros. La ley actual no contempla una figura para el proveedor de tecnología ‘marca blanca’, lo que los obliga a operar en zonas grises o a través de estructuras contractuales complejas y costosas.
- Tokenización y criptoactivos: Aquí la brecha es evidente. Un exchange que quiera ofrecer custodia de criptomonedas, o una plataforma que emita stablecoins con respaldo 1:1, no tiene una categoría legal específica para operar en México. La Ley Fintech solo menciona activos virtuales de forma genérica y remite a disposiciones de Banxico que, en la práctica, restringen su uso. Esto provoca que muchas empresas cripto opten por establecerse fuera de México y operar de forma transfronteriza, limitarse a circuitos cerrados con stablecoins, usar intermediarios ya regulados, reduciendo su propuesta de valor, etc.
- Modelos híbridos: que combinan pagos, créditos, agregación de datos y seguros.
En todos estos casos, operar fuera de la Ley Fintech o bajo contratos con instituciones reguladas resulta más rápido, barato y flexible que buscar una autorización directa. El resultado es un ecosistema que innova, pero muchas veces fuera del perímetro regulatorio, con los riesgos y oportunidades que esto implica.
4. Comparativa internacional: cómo otros países se adaptaron
Mientras México mantiene un marco rígido, otras jurisdicciones han sabido actualizar su regulación:
- Brasil: Su modelo de open finance no solo es más amplio, sino que está impulsado por el éxito de PIX, su sistema de pagos instantáneos que ha bancarizado a millones y se ha convertido en el estándar de facto. La regulación brasileña obliga a compartir datos (vía APIs) de forma estandarizada, lo que ha desatado una competencia feroz en beneficio del consumidor.
- Reino Unido: El Financial Services and Markets Act 2023 incorporó pagos instantáneos, open finance y un sandbox de alcance ampliado que acelera la autorización de nuevos modelos.
- Unión Europea: La aprobación de MiCA no solo regula los criptoactivos; crea un ‘pasaporte comunitario’. Esto significa que una empresa que obtiene una licencia en un país miembro puede operar en los otros 26. Es un mercado único y unificado, un imán para la inversión que contrasta brutalmente con la rigidez de un marco exclusivamente nacional como el mexicano.
En todos estos casos, la actualización normativa permitió integrar innovación sin comprometer la estabilidad financiera.
5. Consecuencias de no reformar
Si México no actúa, el riesgo es triple:
- Fuga de talento y capital.
- Innovación en el exilio: Las fintechs mexicanas más innovadoras se constituirán en el extranjero para atender al mercado mexicano desde fuera, dejando aquí una operación mínima y pagando impuestos en otras jurisdicciones.
- Una brecha de inclusión que se agranda: Millones de personas a las que se podría llegar con microcréditos, pagos digitales en zonas rurales o seguros a la medida, seguirán desatendidas porque los modelos de negocio que podrían servirlas no encuentran un cauce regulatorio viable.
6. La necesidad de una Fintech Law 2.0
Una reforma real debe ir más allá de ajustes cosméticos y enfocarse en resolver los problemas estructurales que frenan la innovación en México. Estas son seis líneas de acción que podrían transformar la Ley Fintech en una herramienta de competitividad y liderazgo regional.
1. Regulación Modular y Proporcional (no una licencia para todo)
En lugar de una única licencia robusta de IFPE, el marco debería contemplar licencias modulares o por niveles, ajustadas al tamaño y al riesgo de cada operación. No tiene sentido exigir el mismo capital, estructura y gobernanza si cada modelo de negocio es distinto.
Un esquema proporcional reduciría barreras de entrada, fomentaría la especialización y permitiría que surjan más jugadores de nicho. En Brasil, por ejemplo, las licencias se gradúan por volumen transaccional.
2. Sandbox regulatorio con rampa de salida a licencia
El sandbox mexicano no ha cumplido su función como incubadora porque, además de un “miedo” de la autoridad, carece de un camino claro hacia la licencia definitiva. La nueva versión debe incluir una “rampa de salida” bien definida, de manera que las empresas que completen con éxito su periodo de prueba tengan un proceso acelerado y simplificado para obtener la autorización plena. Esto permitiría que innovaciones con potencial se lancen al mercado real más rápido y bajo supervisión controlada, como sucede en Bahréin, donde el 70% de las empresas que entran al sandbox logran licencia en menos de un año.
3. Marco jurídico para activos digitales (más allá de la ley)
La ley no puede seguir ignorando el universo cripto. Urge un capítulo específico que regule stablecoins (emisión, respaldo y operación diferenciando las ancladas a fiat de las algorítmicas), la tokenización de activos (certeza jurídica para representar digitalmente bienes como inmuebles o facturas) y las reglas para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), alineadas con estándares del GAFI.
Esto traería certidumbre jurídica y fiscal, protegería a los usuarios e integraría el ecosistema cripto al sistema financiero formal. Ejemplos internacionales como MiCA en la Unión Europea o la GENIUS Act en EE.UU. muestran que la claridad regulatoria es también un imán para inversión e innovación
4. Principios para el uso de Inteligencia Artificial en finanzas
Con el 68% de las fintech mexicanas usando IA, es urgente fijar principios claros:
- Transparencia y auditabilidad en decisiones críticas (como otorgar crédito).
- Calidad y neutralidad de datos para evitar sesgos y discriminación.
La UE, con su AI Act, ya clasifica sistemas por riesgo y establece obligaciones proporcionales. México podría adaptar este enfoque, reduciendo riesgos regulatorios y reputacionales y fortaleciendo la confianza del usuario.
5. Homologación de identidad digital y onboarding remoto
El CURP biométrico (obligatorio en 2026) es una oportunidad histórica para modernizar el KYC. Reconocerlo como identidad digital oficial y habilitar su uso vía API permitiría abrir cuentas de forma instantánea, segura y con menor riesgo de fraude, reduciendo costos y tiempos para las fintech.
6. Fortalecimiento y especialización de la CNBV
Una ley moderna requiere una autoridad con capacidad técnica y recursos suficientes. La CNBV necesita personal especializado que entienda a fondo los nuevos modelos de negocio y las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, blockchain y ciberseguridad, así como procesos más ágiles y transparentes. Los eventos recientes han evidenciado la urgencia de mejorar la supervisión técnica del sector para contar con un regulador que realmente pueda vigilar a las entidades, prevenir riesgos y evitar que los usuarios finales se vean afectados.
Conclusión
La Ley Fintech de 2018 cumplió su ciclo. Fue el cimiento. Pero no se puede construir un rascacielos sobre los cimientos de una casa de un piso. En 2025, el reto es pasar de un modelo rígido a uno adaptable, inclusivo y competitivo. La Fintech Law 2.0 no es solo una actualización legal: es un proyecto estratégico de soberanía económica digital para México. La pregunta no es si el país puede permitirse esta modernización, sino si puede permitirse no hacerla.
En el próximo artículo de esta serie analizaremos el vacío regulatorio en cripto y tokenización, y cómo debe abordarse junto con un marco fiscal claro para dar certidumbre a empresas e inversionistas.