Con doble rasero, la política de vivienda y desalojo de Morena en la CDMX.
La diputada de Morena, Valentina Batres Guadarrama, propuso desde octubre una controversial modificación para proteger a morosos de vivienda en la CDMX.
La modificación, que alude a la agenda woke de la ONU, pretende proteger a morosos que no han desalojado alguna vivienda en renta en la capital del país.
Leyes no actualizadas
En una larga exposición de 16 páginas, y argumentando leyes de 1966, la diputada propone varios cambios, entre estos, destacan:
Que antes del desalojo, se haga una “Evaluación del impacto” y realizar estudios de impacto social y cultural sobre las comunidades afectadas para medir las consecuencias económicas, los efectos en la cohesión social, la salud mental y física de las personas afectadas, así como en el acceso a servicios básicos.
Además, que “las comunidades deben ser consultadas en todas las fases del proceso, y sus opiniones deben ser consideradas en la toma de decisiones” y se les brinden “alternativas al desalojo, como la reubicación o proyectos que minimicen el impacto, deben ser exploradas y discutidas de manera participativa con los afectados”.
Derechos de desalojados
Exige a los caseros que paguen a los desalojados:
“hagan una reubicación para garantizar que los derechos de las personas afectadas sean respetados. La nueva vivienda o tierra ofrecida debe cumplir con los estándares de adecuación, incluyendo acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, educación y empleo. Además, las personas deben recibir una compensación justa por las pérdidas materiales y no materiales sufridas debido al desalojo”:
El único acierto de la iniciativa consiste en que los desalojos no podrán hacerce en situaciones de pandemia, desastres naturales, a personas vulnerables, como mujeres, niños, personas mayores, personas con discapacidad e integrantes de alguna comunidad indígena.
La ironía radica en que el gobierno de la CDMX ha implementado decenas de desalojos a personas de comunidades indígenas y vulnerables dentro de la actual administración de Morena:
El proyecto de decreto reformaría el artículo 60 de la ley constitucional de derechos humanos y sus garantías de la CDMX.
