El combate antilavado de dinero no debería convertirse en un campo minado para quienes ejercen su profesión con legalidad y vocación.
Mario Granillo / Especialista en transformación digital y proptech.
Sin embargo, las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) colocan a los asesores inmobiliarios justo en el centro de un régimen punitivo, desproporcionado y técnicamente complejo que amenaza con criminalizar su oficio bajo la bandera de la vigilancia financiera.
Un nuevo ecosistema antilavado
Con las nuevas disposiciones, los asesores inmobiliarios están obligados a identificar, documentar, almacenar, monitorear y reportar información sensible sobre sus clientes, en una lógica que asume que cualquier operación es potencialmente riesgosa. Pero a diferencia de las grandes entidades financieras, el profesional inmobiliario no cuenta con departamentos legales, sistemas de gestión de riesgos ni plataformas tecnológicas que le permitan cumplir cabalmente con estos nuevos requisitos. La ley impone deberes de compliance financiero sin ofrecer medios razonables para implementarlos.
Más preocupante aún: se eliminan criterios como la intencionalidad o el dolo para imponer sanciones. Basta una omisión, una mala clasificación, un campo sin llenar correctamente, para enfrentar consecuencias legales. El resultado: se ha desplazado el principio de presunción de buena fe y se instala un sistema donde el error técnico se castiga como si fuera complicidad delictiva.
Derechos fundamentales en juego
Estas medidas, si bien justificadas por la necesidad de frenar operaciones ilegales, tensionan seriamente derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la proporcionalidad sancionadora y la seguridad jurídica.
Un asesor inmobiliario que intenta formalizar una compraventa ahora debe evaluar si su cliente es una Persona Políticamente Expuesta, documentar su origen de recursos, y mantener archivos electrónicos por cinco años. ¿Es esta la función de un asesor, o se le está delegando una tarea que constitucionalmente le corresponde al Estado?
Este marco puede desalentar la formalidad y empujar a muchos profesionales —especialmente en provincias y municipios con menor acceso a capacitación o conectividad digital— hacia esquemas informales que los protejan del riesgo regulatorio.
¿Quién debe intervenir y cómo?
El momento exige sensatez regulatoria. No se trata de eliminar las reglas, sino de calibrarlas. Para ello, es fundamental que actores con capacidad técnica, jurídica y de interlocución pública participen en la discusión con el gobierno federal y la UIF.
Algunos actores clave que podrían asumir este rol son:
- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como autoridad con experiencia en escalabilidad regulatoria según el tipo de entidad supervisada. Puede proponer lineamientos diferenciados para personas físicas y microempresas inmobiliarias.
- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o Coparmex, que podrían incluir a los profesionales inmobiliarios en su agenda de defensa regulatoria de las PYMEs, especialmente en lo relativo a las cargas fiscales y administrativas.
- Asociaciones inmobiliarias, académicas y tanques de pensamiento jurídico, que podrían emitir opiniones técnicas sobre la constitucionalidad de algunas disposiciones, sobre todo cuando se impongan sanciones sin derecho de audiencia previa.
- El Poder Legislativo, que debe actuar como contrapeso. La creación de un grupo de trabajo interinstitucional con enfoque en proporcionalidad regulatoria sería un primer paso.
- La CONAMER, como organismo evaluador del impacto regulatorio, tiene la facultad de revisar y sugerir modificaciones cuando se acrediten afectaciones al desarrollo económico de sectores clave.
Un equilibrio necesario
México necesita combatir el lavado de dinero. Pero también necesita cuidar a sus profesionales. Las reglas que nacen para proteger el sistema financiero no deben, por su mala implementación, terminar ahorcando al sector inmobiliario formal.
El desafío está en lograr un equilibrio entre vigilancia eficaz y respeto al ejercicio profesional digno. Si ese equilibrio no se alcanza, no solo se pondrá en riesgo la confianza en la ley, sino también la viabilidad de miles de agentes económicos que construyen, todos los días, el México formal que tanto queremos consolidar.
