Un conglomerado de organizaciones socialistas busca expropiar viviendas; el fantasma del comunismo recorre nuevamente Alemania.
El fantasma del comunismo recorre Alemania. En especial, en el país cuna del máximo exponente del despojo, la miseria y la brujería: Carlos Marx.
En 1836, Marx estudió en la Universidad de Berlín (Universidad Humboldt actual), donde se integró al grupo de los “hegelianos de izquierda” y comenzó a dar forma a su pensamiento crítico.
90 años después, su teoría política de repudio al capital privado, recorre nuevamente las calles de Berlín.
Lo anterior, por una promesa electoral del partido La Izquierda, que ganó en las elecciones en Berlín, busca aplicar unas medidas comunistas radicales, como la expropiación de propiedades.
Pero a diferencia de Morena, el socialismo alemán busca que de las grandes empresas inmobiliarias paguen, medida que apoya Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD).
Propuesta sin cabeza
Como en la CDMX; un documento conjunto, las tres formaciones reafirmaron su compromiso socialista, lo que sería una medida sin precedentes en Alemania.
Los tres partidos acordaron transferir al Estado 160.000 viviendas de cinco grandes empresas inmobiliarias, la medida incluye una indemnización de 16.000 millones de euros (18.000 millones de dólares), que se financiará con préstamos y se refinanciará a través de un plan de rentas.
La medida, como lo dio a conocer DPA, afectará a empresas privadas en un portafolio de 10.000 unidades, tan solo en Berlín.
Pero se les permitiría conservar 10.000 viviendas. Según el documento, las cooperativas y las empresas orientadas al bien común quedan excluidas de la medida.
Esta nacionalización será para las viviendas que se hayan construido a partir de 2021 o que están en construcción.
IP, afectada
La empresa inmobiliaria Vonovia sería la más afectada, ya que, según sus datos, cuenta con 130.000 viviendas en Berlín.
A mediados de 2028, los tres partidos quieren presentar esta ley que entraría en vigor en 2029, pero antes, a diferencia del tribunal chairo mexicano, será revisada por el Tribunal Constitucional, y en tanto, ya se esperan demandas por parte del sector inmobiliario.
La medida marxista busca ampliar el parque de viviendas y ganar más influencia sobre los alquileres en la ciudad.
La Izquierda siempre ha argumentado que los alquileres bajos en las viviendas de propiedad estatal tendrían un efecto moderador en todo el mercado, como en el llamado índice de rentas, que refleja la renta comparativa habitual en Berlín y sirve de base para ciertos requisitos legales sobre los aumentos de renta permitidos.
Expertos: 3 argumentos
Los expertos plantean tres argumentos contra de la expropiación: no genera nuevas viviendas; ahuyenta a los inversionistas que se necesitan la construcción de nuevas viviendas; y finalmente, que la medida es inconstitucional.
El economista Konstantin Kholodilin, del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), estima que, incluso con los planes actuales, los alquileres de las viviendas socializadas tendrían que aumentar considerablemente para financiar el proyecto sin subsidios del Estado.
“Con una tasa de interés del 4%, una cuota de capital propio del 80% y un plazo de crédito de 30 años, los pagos anuales por intereses y amortización ascenderían a 740 millones de euros”, escribe ante una consulta de dpa.
“Si a esto se le sumaran los gastos de administración de 3,73 euros por metro cuadrado al mes (457 millones de euros al año), se necesitaría un alquiler neto sin gastos de 9,78 euros por metro cuadrado al mes para financiar estos costos sin subsidios estatales”.
Si se sumaran además los costos de mantenimiento de 17,18 euros por metro cuadrado al año, el alquiler tendría que aumentar incluso a 11,21 euros por metro cuadrado, calcula Kholodilin.
Actualmente, según Vonovia, el alquiler promedio en las viviendas en cuestión es de 8,26 euros por metro cuadrado, neto sin gastos.
Alquiler ilegal, pretexto
Esta socialización supuestamente combatirá la especulación inmobiliaria y hará cumplir las regulaciones.
“Estamos iniciando un cambio y, en el futuro, convertiremos la protección contra las prácticas de alquiler ilegales en una tarea pública activa”, escriben los partidos en el documento.
Entre otras cosas, se creará una nueva autoridad de supervisión de alquileres y una unidad especializada en la Fiscalía de Berlín.
Los partidos también quieren acelerar el ritmo en la construcción de nuevas viviendas. “Queremos alcanzar 100.000 permisos de construcción entre 2026 y 2031, lo que debería traducirse en 100.000 nuevas viviendas”, escriben.
¿Qué había planeado La Izquierda?
La Izquierda, durante su campaña electoral, prometió un parque de viviendas de 3.000 o más unidades ya deberían ser socializadas. De ese modo, la medida habría afectado a unas 240.000 viviendas.
La Izquierda quería crear una institución de derecho público para llevar a cabo esta medida, para obtener los créditos, comprar paquetes de viviendas y administrarlas.
En tanto, el Gobierno Federal de Alemania anunció en julio la intención de impedir esta nacionalización.
La ministra de Construcción, la socialdemócrata Verena Hubertz, destacó en una cumbre de inversiones en Berlín que el Gobierno sigue trabajando en la llamada Ley de Protección de las Inversiones.
“Nosotros, como Gobierno, tomamos otro camino. Necesitamos más inversiones y queremos protegerlas”, dijo.
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